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Isabel María García Sánchez, Lázaro Rodríguez Ariza 
, Pilar Martín Zamora
Los escándalos financieros de los últimos años han provocado la desconfianza de los inversores en la información revelada por las empresas así como la aparición de nuevas demandas informativas. En orden a restablecer la confianza perdida y aumentar la transparencia de la información social y medioambiental divulgada por las empresas, en 2014 la Comisión Europea aprobó la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera e información sobre diversidad que establecía la obligación, para grandes empresas de interés público, de ampliar su informe de gestión para revelar información no financiera. En nuestro país, la directiva se transpuso al ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto-Ley 18/2017, sustituido desde el 30 de diciembre de 2018 por la Ley 11/2018 que ha ampliado los requerimientos relativos a la revelación de información no financiera y diversidad. En este trabajo se lleva a cabo un análisis en profundidad de la regulación del estado de información no financiera, discutiéndose si la obligación de divulgar información no financiera conlleva un compromiso con la responsabilidad social corporativa o, tan solo, se identifica con la exigencia de ser socialmente transparente.
