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Santiago González Ortega 
El artículo versa sobre la implantación empresarial de dispositivos de geolocalización del trabajador tanto a la luz de las resoluciones judiciales como del contenido de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Partiendo de la consideración indiscutible de los datos de localización como datos personales, el análisis se centra en las exigencias referidas a la licitud de la obtención y tratamiento de esos datos así como en la necesaria ponderación entre los intereses empresariales y los derechos fundamentales del trabajador, sea a la intimidad (art. 18.1 de la Constitución) sea a la particular libertad informática (art. 18.4 de la Constitución). Se consideran, en consecuencia, las diferentes hipótesis de confrontación entre la función de control de los dispositivos mencionados y la privacidad del trabajador, estableciendo en qué casos y bajo qué condiciones dicho control es legalmente posible; con una atención particular a los derechos de información fuertemente revalorizados por la normativa de protección de datos.
The article deals with the business implementation of geolocation devices of the worker both in the light of judicial decisions and the content of Ley Orgánica 3/2018, of December 5, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Starting from the unquestionable consideration of location data as personal data, the analysis focuses on the requirements related to the legality of obtaining and processing such data as well as the necessary balancing between business interests and the fundamental rights of the worker, either to privacy (art. 18.1 CE) or to particular computer freedom (art. 18.4 CE). Consequently, the different hypotheses of confrontation between the control function of the mentioned devices and the worker’s privacy are considered, establishing in what cases and under what conditions such control is legally possible; with a particular attention to the information rights strongly revalued by the data protection regulations.
