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Ricardo García Manrique 
La pobreza constituye una violación de los derechos civiles. Una consecuencia jurídica práctica e inmediata de esta idea es que quienes sean titulares de los derechos civiles y estén en situación de pobreza han de disponer de una acción jurisdiccional para reclamar que esa situación suya sea remediada. Para sostener esa idea me apoyaré en cierta línea jurisprudencial contemporánea constituida por una serie de decisiones de tribunales nacionales e internacionales.
Con carácter preliminar, haré una referencia a la Agenda 2030 y otra a la labor de los defensores del pueblo, con la intención de hacer ver: (1) que la idea que pretendo defender aquí puede contribuir a fortalecer la legitimidad y la eficacia de los objetivos de la Agenda; y (2) que se trata de una idea útil para la labor de las instituciones de defensa de los derechos humanos.
Poverty is a violation of civil rights. A practical and immediate legal consequence of this idea is that those who hold civil rights and are in a situation of poverty must have a jurisdictional action to demand that their situation be remedied. To support this idea, I will rely on a recent judicial tendency made up of a series of decisions issued by national and international courts.
On a preliminary basis, I will make a reference to the 2030 Agenda and another to the work of the ombudsmen, with the intention of making it appear: (1) that the idea that I intend to defend here can contribute to strengthening the legitimacy and effectiveness of the Agenda objectives; and (2) that this is a useful idea for the work of human rights defense institutions.
