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Tras una reflexión introductoria sobre los estados de excepción y la salvaguardia de la seguridad y los derechos fundamentales en los sistemas constitucionales contemporáneos, el análisis se centra en la experiencia italiana en materia de legislación para la lucha contra el terrorismo (‘negro’ y ‘rojo’) y en la jurisprudencia constitucional en materia de legitimidad de este tipo de medidas para su represión.
En este marco, se dedica una atención especial al análisis de la naturaleza de las situaciones jurídicas afectadas por estas políticas. El análisis del equilibrio y de los balances entre libertad y seguridad se enmarca en la perspectiva doctrinal y en la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el tema. Sobre todo, el análisis subraya la necesidad de reconsiderar la legislación penal y procesal, prestando la debida atención a la naturaleza específica de los delitos relacionados con el fundamentalismo religioso islámico y, en este contexto, a los problemas que presentan los niveles mínimos de anticipación de las sanciones penales para la prevención de esos actos delictivos, para que las políticas de contraataque sean eficaces, pero también respetuosas de los derechos fundamentales de las personas que son objeto de la investigación.
After an introductory reflection on emergency situations and the safeguarding of security and fundamental rights in contemporary constitutional systems, the analysis focuses on the Italian experience with regard to counter-terrorism legislation (‘black’ and ‘red’) and on the constitutional jurisprudence concerning the legitimacy of this type of repressive measures.
Within this framework, special attention is dedicated to the analysis of the legal situations affected by these policies. Examination of the equilibrium and balance between freedom and security is part of the doctrinal perspective and the evolution of constitutional jurisprudence on this topic. Above all, the study underlines the importance of reconsidering criminal and procedural legislation, giving due attention to the specific nature of crimes related to Islamic religious fundamentalism and, in this context, to the problems presented by the minimum levels of anticipation of penal punishments in order to prevent such criminal acts, so that counter-attack policies are effective, but also respectful of the fundamental rights of the persons under investigation.
