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Germán Ríos
El país tiene dos retos urgentes: pagar la deuda y luchar contra la pobreza. El problema es que no puede afrontar ambos a la vez.
Argentina es un país con un enorme potencial. Cuenta con una extensión territorial de 2,78 millones de kilómetros cuadrados –el octavo país del mundo– y tierra fértil para producir alimentos y dar de comer a más de 400 millones de personas. Dispone de recursos energéticos abundantes –solo en Vaca Muerta se encuentran las segundas reservas mundiales de gas de esquisto– y su capacidad de producción de energías renovables es inconmensurable. Junto con Bolivia y Chile comparte uno de los recursos más importantes para la industria electrónica: litio. Disfruta aún del bono demográfico y, pese a problemas en la calidad de la educación, tiene una mano de obra preparada, emprendedora y con gran capacidad de adaptarse a los cambios. Con todos estos factores a su favor, el desempeño económico de Argentina en la última década ha sido decepcionante.
El nuevo gobierno del país, liderado por Alberto Fernández, afronta una coyuntura económica compleja y cuenta con poco margen de maniobra. A corto plazo, Argentina deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Acuerdo Stand-By a 36 meses, aprobado el 20 de junio de 2018, y reprogramar el esquema de pagos a la institución. Al mismo tiempo, las autoridades deberán comenzar un proceso de renegociación con el resto de acreedores, sobre todo privados. Todo ello en un contexto internacional difícil –guerra comercial entre EEUU y China, crecimiento global débil e incertidumbre sobre los mercados financieros internacionales– que aumenta los riesgos económicos del país.
El objetivo principal de Argentina debería ser alcanzar un acuerdo con los acreedores, con el apoyo del FMI, para perfilar de nuevo la deuda, incrementando los plazos de amortización y probablemente manteniendo las condiciones iniciales negociadas en términos de capital, monedas y tasas de interés. Podría replicarse un esquema similar al utilizado por Uruguay después de la crisis de 2002. En caso de que no se llegara a alcanzar un acuerdo de estas características, la alternativa sería un nuevo incumplimiento de la deuda con consecuencias muy negativas para la economía argentina, lo que llevaría al país por un camino de mayor inestabilidad e incertidumbre.
No se puede dejar de lado la difícil situación que afronta la población, con una tasa de pobreza en torno al 40%. Por tanto, será clave equilibrar los ajustes económicos, en especial los fiscales, con una activa política social. En el escenario ideal, Argentina lograría un acuerdo con el FMI y el resto de acreedores, comenzaría un ajuste macroeconómico –sobre todo en el frente fiscal, para corregir el déficit y hacer sostenible la trayectoria de la deuda pública– y conseguiría margen presupuestario para la política social. Esto sería condición necesaria para diseñar e implementar políticas de medio y largo plazo con énfasis en mejoras en la productividad y un crecimiento económico inclusivo que genere empleos de calidad, contribuya a reducir la pobreza y permita generar recursos para cumplir con los compromisos externos y estabilizar las cuentas fiscales…
