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Borja Almodóvar, Beatriz Hernández Luque
El presente trabajo analiza, con un enfoque jurídico-práctico y en el ámbito de los delitos de corrupción, la posición de garante de la persona jurídica desde el punto de vista del art. 31 bis y del cumplimiento penal. A partir de lo anterior, proponemos las medidas específicas de control a establecer por parte de las compañías, tanto para ejercer una adecuada gestión de dichos riesgos en el ámbito de la responsabilidad penal corporativa, como para romper con los presupuestos de la imputación objetiva, situándolas así dentro de lo que se entiende como riesgo permitido.
