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María Paz García Rubio 
En este trabajo la autora realiza una primera aproximación a la STC 132/2019, de 13 de noviembre, que resuelve el recurso interpuesto por el presidente del Gobierno contra los artículos 3, 4 y 9 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Se trata, probablemente, de la más importante entre las dictadas hasta ahora por el máximo intérprete de la Constitución en relación con uno de los preceptos que durante más de cuarenta años se han revelado más difíciles: el artículo 149.1.8.ª CE. Las complejas reglas contenidas en este precepto han derivado en una jurisprudencia constitucional vacilante y tortuosa, en la que pocas cosas parecen claras. La sentencia que nos ocupa, a pesar de que por vez primera aborda de manera directa uno de los temas más espinosos del precepto, cual es el de buscar el significado y alcance de las bases de las obligaciones contractuales a las que se refiere en su segunda parte, no parece que vaya a contribuir a esa clarificación. Muy al contrario, el mal disimulado apartamiento por parte de esta de los criterios seguidos por la mayoría de sus precedentes en otras cuestiones imprescindibles para la inteligencia de la norma, unido a las vacilaciones sobre las aludidas bases, así como el sorprendente resultado al que conduce la decisión, hacen prever que no estamos ante el puerto de amarre definitivo del barco que lleva la distribución de competencias legislativas en materia de legislación civil, para el que se sigue sin adivinar un rumbo seguro.
In this paper the author makes a first approach to the STC 132/2019, of November 13th. The Constitutional Court judgement ruled on the appeal filed by the President of the Government against articles 3, 4 and 9 of the Law of the Parliament of Catalonia 3/2017, of 15 February, of the sixth book of the Civil Code of Catalonia, relating to obligations and contracts, and the modifications of the first, second, third, fourth and fifth books. This is the most important decision dictated by the Constitutional Court about article 149.1. 8ª CE. The complex rules contained in this article have produced a very complicated case law, in which few things seem clear. This new judgement directly addresses one of the most difficult issues of the precept: the search for the meaning and scope of the term «bases de las obligaciones contractuales» included in it. Nevertheless, it does not seem to contribute to the necessary clarification of the norm. Quite the contrary, several circumstances anticipate that this resolution will not be definitive, like its opposition to the criteria followed by its precedents together with the hesitations on the aforementioned «bases», as well as the surprising end result
