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Nieves Alonso García
El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, prohíbe en nuestro país la gestación por sustitución y determina la filiación por el parto. No obstante, en la realidad social española, la maternidad subrogada goza de actualidad por el creciente uso de esta vía en el extranjero y las inscripciones en el Registro Civil español de niños nacidos en terceros países a través de esta técnica. Esta concurrencia, determina que entren en juego valores, derechos y principios constitucionales, en tanto en cuanto, concurren derechos de la personalidad consagrados en la Carta Magna y el derecho internacional, al formalizarse estos contratos en el extranjero. Esta contribución se enfrenta al reto de analizar las propuestas de regulación de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, así como la encrucijada que supone la existencia de una norma con rango legal que se ve afectada por una jurisprudencia internacional plenamente opuesta a la que se defiende desde posiciones jurisdiccionales superiores y vinculantes en el orden nacional. Asimismo, con carácter prospectivo, se determinarán, en aras de garantizar el respeto de los derechos humanos, las garantías que deberán primar en su regulación.
Article 10 of Law 14/2006, of May 26, on techniques of assisted human reproduction, prohibits in our country gestation by substitution and determines the filiation for childbirth. However, in the Spanish social reality, surrogate motherhood is topical due to the increasing use of this route abroad and the inscriptions in the Spanish Civil Registry of children born in third countries through this technique. This concurrence determines that values, rights and constitutional principles come into play, insofar as there are personality rights enshrined in the Magna Carta and international law, when these contracts are formalized abroad. This contribution faces the challenge of analyzing the regulatory proposals of this figure in our legal system, as well as the crossroads that supposes the existence of a norm with legal rank that is affected by international jurisprudence completely opposed to the one that is defended from superior jurisdictional positions and binding at the national level. Likewise, prospectively, in order to guarantee respect for human rights, the guarantees that should prevail in its regulation will be determined.
