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Leandro Abel Martínez
La reforma constitucional de 1994 consagró la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales en el propio texto de la Constitución Nacional. Antes de la reforma, se sostenía en general que las universidades nacionales gozaban solamente de autarquía. Producto de la reforma de 1994, se plantea el desafío de definir el alcance de la cuestión, toda vez que la constitución no explicita la significación de la autonomía de las universidades nacionales, ni el conjunto de competencias que son resultado de ésta. Sin embargo, el término presenta el problema de los conceptos jurídicos indeterminados, en el sentido de que sus límites no están precisados con exactitud en el enunciado constitucional. A esta dificultad se agrega el hecho normativo de que, al mismo tiempo, el Congreso de la Nación posee la facultad de dictar leyes en materias de educación superior. Frente a este panorama, se puede advertir que la autonomía universitaria debe convivir con las atribuciones del órgano legislativo, y viceversa. En este trabajo me propongo delimitar el ámbito y el rango de las normas legales que corresponde sancionar al Congreso Nacional en virtud de la competencia atribuida por el artículo 75, inciso 19. También indago las normas estatutarias que corresponde dictar a las universidades nacionales en razón de la autonomía reconocida en la misma disposición constitucional, como así también su ubicación en el sistema jurídico.
The 1994 constitutional reform enshrined the autonomy and autarchy of national universities in the text of the National Constitution. Before the reform, it was generally held that national universities enjoyed only autarchy. As a result of the 1994 reform, the challenge is to define the scope of the question, every time the constitution does not make explicit the significance of the autonomy of the national universities, nor the set of competences that result from it. However, the autonomy presents the problem of indeterminate legal concepts, in the sense that their limits are not precisely specified in the constitutional enunciation. To this difficulty is added the normative fact that, at the same time, the Congress of the Nation has the faculty to dictate laws in matters of higher education. Against this backdrop, it can be seen that university autonomy must coexist with the powers of the legislative body, and vice versa. In this work I propose to delimit the scope and range of the legal norms that correspond to sanction the National Congress by virtue of the competence attributed by article 75, paragraph 19. I also investigate the statutory norms that correspond to dictate to the national universities due to the autonomy recognized in the constitutional provision itself, as well as its location in the legal system.
