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Adolfo Nicolás Balbín
En el presente trabajo se analiza el empleo público nacional con especial referencia al caso vinculado a los agentes contratados, y el análisis de la variable estabilidad, para poder estudiar, Constitución de la Nación mediante, la posibilidad cierta de reconocerle el derecho a la propiedad en el puesto de trabajo, a aquellas personas que, vinculadas jurídicamente con el Estado, hubieran celebrado con el mismo un vínculo jurídico de prestación personal que, desde su inicio, o bien, en el desarrollo posterior, se hubiese tornado contrario a la ley. Desde este punto, la hipótesis central del artículo escrito, lejos de negar la posibilidad de que el Estado nacional contrate a personas para desarrollar tareas que no respondan a una necesidad permanente, es concebir que aquellos que hubieran sido contratados en fraude al ordenamiento jurídico, y destinados, por ende, a desempeñar tareas ordinarias para el órgano o dependencia, pueden reclamar el reconocimiento de su derecho a la estabilidad, que supone, en el mejor de los casos, la solicitud tendiente a que se lo reincorpore a su lugar de trabajo. En este paper se trabaja con una mirada constitucional de las relaciones que pueden establecerse entre el derecho del trabajo y el derecho administrativo.
In this paper the national public employment is analyzed with special reference to the situation of contracted agents, and the analysis of their stability, to study, with the Constitution of the Nation in sight, the certain possibility of a right to property in the job recognition, for those persons who, legally linked with the State, had celebrated with it a legal bond of personal benefit that, from its beginning, or afterwards, became contrary to the law. From this point, the central hypothesis, far from denying the State the possibility of hiring people to develop tasks that do not respond to a permanent need, is to conceive that those who had been hired in fraud to the legal system, and destined, therefore, to perform ordinary tasks for the organ or agency, can claim the recognition of their right to stability, which, in the best case, implies the request to be reinstated to their place of work. This paper works with a constitutional view of the relationships that can be established between labor law and administrative law.
