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Ginés de Rus Mendoza
Durante mucho tiempo las grandes empresas de transporte se han mantenido en manos del Estado. Cuando estaban en manos privadas se impedía la entrada al mercado a posibles competidores: la justificación habitual era el carácter estratégico, las obligaciones de servicio público y el carácter de monopolio natural de los puertos, aeropuertos y ferrocarriles. La evidencia de una menor eficiencia en la producción directa de los servicios de transporte por parte del sector público ha llevado al aumento de la participación privada pero no a la desaparición de la intervención de los gobiernos sino a su redefinición. Las características de monopolio natural de algunas infraestructuras de transporte y su configuración en red, el tratamiento de las externalidades y las obligaciones de servicio público justifican en principio la regulación, pero al mismo tiempo exige que se distinga de manera nítida entre la intervención del Estado dirigida a maximizar el bienestar social de aquella otra intervención que se deriva de la captura de las agencias públicas por grupos de interés. Asimismo, la intervención pública guiada por el interés general, debe basarse en la existencia de asimetrías de información y conflictos de intereses y por tanto en la introducción de regulación basada en incentivos.
