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José Miguel Ahumada
La inserción internacional de los bienes intangibles al campo del mercado genera un nuevo rol a las instituciones políticas, tanto nacionales como internacionales. El bien de conocimiento (no-exclusivo y no-excluyente por naturaleza) requiere, para su mercantilización, que devenga en bien privado (escaso) lo que hoy se realiza bajo la forma de monopolio temporal en base a los aparatos estatales. Dicho proceso genera importantes paradojas relativas a la relación orgánica entre Mercado y monopolio, innovación y apropiación, y el nuevo rol constitutivo (y no meramente regulativo) de relaciones económicas por parte de las instituciones políticas (El Estado ya no regula prácticas económicas anteriores, sino que hoy constituye campos para el mercado).
El acuerdo ADPIC es la cristalización institucional de dicho campo económico, crea las normas para la monopolización temporal de los conocimientos y re-ensambla determinados aparatos de los Estados-nacionales hacia su nivel internacional. El Estado por tanto, si bien tiene una nueva función (constituir monopolios temporales para que devenga en mercancías aptas para su inserción en el mercado) pierde el control soberano sobre el campo de bienes intangibles que anteriormente poseía, pasando hoy al acuerdo ADPIC.
Lo anterior genera importantes conflictos de legitimidad de dichas prácticas, especialmente en los casos de países latinoamericanos que, en base a su creciente heterogeneidad estructural, baja inversión en I+D y fuertes desigualdades económicas, condensan en su propia realidad las contradicciones entre, por un lado, la lógica tendiente a mercantilizar los campos sociales, y por otro, la dinámica de las bases sociales de generar sus propias prácticas de intercambio que aumentan el bienestar colectivo.
