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Javier Medina
La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas configura junto con la fiscalizadora un órgano de control externo en nuestro país que tiene todos los elementos necesarios para realizar con eficacia el encargo constitucional de analizar y enjuiciar la buena gestión de los fondos públicos. En este artículo se aborda uno de los temas mas debatidos desde que en 1982 la ley orgánica que regulaba esta institución desarrolló una verdadera jurisdicción dentro de las competencias del Tribunal de Cuentas, esto es , si esta ley había creado una función que no estaba prevista en el articulo 136 de la Constitución, que creaba un órgano de control con una suprema función de fiscalización pero con una jurisdicción que debía interpretarse exclusivamente como un ámbito de competencias mas que como una función de exigencia de responsabilidades. Pues bien, el artículo analiza este tema a la luz aportada por la sentencia 215/2000, de 18 de septiembre del Tribunal Constitucional, que deja resuelta la polémica y da toda fuerza constitucional a esta jurisdicción.
