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La actividad económico-financiera de las entidades locales está sometida al control externo del Tribunal de Cuentas. En este artículo se pretende dar una visión de la problemática del control de 16.000 entidades pertenecientes a este sector, que nace en la rendición de cuentas y finaliza con la emisión de informes o mociones dirigidos a las Cortes Generales y a los ciudadanos en general en los que, como resultado de su acción fiscalizadora, se exponen las debilidades que necesitan acciones correctoras o las modificaciones legales oportunas que faciliten el desarrollo de lo público en términos más eficientes.
El autor plantea la dificultad que supone para la auditoría pública la carencia de una información económica suficiente a las necesidades que demanda la sociedad. A raíz de los últimos informes y ante las nuevas iniciativas del Parlamento, plantea la necesidad de un nuevo enfoque y el desarrollo de diversos instrumentos, con auditorías que incidan más en los aspectos críticos y en las áreas que faciliten la acción legislativa del Parlamento y, sobre todo, defiende una actitud decidida hacia el control en términos de eficacia, eficiencia y economía.
