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Juan Raya
Tras quince años de vigencia, el capítulo IV de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) ha permanecido prácticamente con la misma regulación original, sin que se haya ido adecuando a las innovaciones que se han venido produciendo en las técnicas de control interno a lo largo de este período, ni haya conocido ningún desarrollo reglamentario en diversos aspectos necesarios para la garantía del ejercicio de las funciones atribuidas a los interventores locales y su aplicación real en la generalidad de las entidades de la Administración local. Surge así una duda razonable sobre la consecución del objetivo inicial de la ley, manifestado en su exposición de motivos, sobre la incorporación a la Administración local de todos los controles exigibles a las Administraciones públicas por precepto constitucional y la superación de la situación de una fiscalización local centrada solamente en el control de legalidad, pues las limitaciones e insuficiencias de la ley y la carencia de reglamentación han llevado a que esa incorporación haya sido más nominal que real en la gran mayoría de las entidades locales.
