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El presente artículo pretende demostrar, con base en el derecho nacional e internacional, la obligación estatal de consultar concesiones mineras a los pueblos indígenas en el Perú, en un contexto de neo-extractivismo. Igualmente, a partir de los vínculos entre la consulta y los derechos políticos, territoriales y culturales, busca evidenciar que la expedición arbitraria de concesiones en territorios indígenas puede causar el menoscabo o la desaparición de sus manifestaciones culturales; es decir, supone una amenaza a su supervivencia cultural. Para esto, se analizará casos de comunidades quechuas y aimaras que grafican un patrón de violaciones a derechos de los pueblos indígenas.
