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El incumplimiento de plazos en la ejecución de obras públicas ha sido frecuente en la última década. Particularmente en el sector eléctrico, las empresas privadas han logrado flexibilizar los plazos establecidos para la ejecución de proyectos, recurriendo a la fuerza mayor como justificación para obtener una prórroga. Pero, ¿realmente las prórrogas otorgadas se justifican en eventos de fuerza mayor?.
En este artículo, la autora explica los regímenes bajo los que se otorgan las concesiones eléctricas para luego, detallar la regulación de los plazos establecidos para los proyectos y las consecuencias de incumplirlos. Posteriormente, revisa la regulación y doctrina sobre la fuerza mayor y finaliza analizando críticamente su uso como justificación en las prórrogas concedidas en los últimos años.
