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El presente trabajo tiene por objeto analizar la doctrina establecida por la STS de 23 de septiembre de 2019 en relación con el incumplimiento de la obligación de declaración de la posesión de capitales en el paso de fronteras que recoge, en esencia, la doctrina comunitaria sobre las obligaciones en materia de control de capitales que pueden establecer los países. La reciente modificación del marco sancionador arroja dudas sobre la utilidad práctica de la misma pero no sobre el planteamiento teórico en el que se funda que es, ciertamente, extrapolable a otros supuestos semejantes.
