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Lorenzo Mateo Bujosa Vadell 
Las garantías constitucionales de la actividad probatoria pueden burlarse en el proceso penal al impedir que los principales sujetos procesales puedan apreciar directamente la práctica de ciertos medios de prueba. En este artículo se trata de valorar en concreto hasta qué punto puede ser admitida la prueba de referencia en un proceso penal con todas las garantías y con qué exigencias ineludibles, teniendo en cuenta sobre todo las elaboraciones jurisprudenciales del ordenamiento español. Tras examinar el concepto y la validez de estas pruebas y sus necesarias limitaciones, se analizan los problemas que surgen respecto a la introducción indirecta en el proceso de ciertas declaraciones de confidentes, de imputados y de víctimas.
The constitutional guaranties of the evidence collection process become obsolete when the main procedural subjects can not directly access the practice of certain modes of evidence collection. In this paper we attempt to evaluate to what extent hearsay evidence can be admitted in a due criminal process, and if so, with what obligatory requirements considering the jurisprudence elaborations of Spanish law. After examining the concept of hearsay evidence in the Spanish Criminal Process Code and its necessary limitations, we analyze the problems that arise regarding the indirect introduction of certain declarations of informants, suspects, or victims in a process.
