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Pablo Rivera Rodríguez
Las recientes políticas de algunos Estados miembros de la Unión Europea amenazan con vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos requeridos por sus euroórdenes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que garantiza la protección de estos derechos, puede indirectamente dar lugar a una limitación de la confianza y de la eficacia de la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. Este trabajo estudia la difícil tarea de equilibrar ambos intereses y las oportunidades de que dispone el Tribunal de Justicia para clarificar y consolidar el sentido de su jurisprudencia.
