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El 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual los reconoce como sujetos de derechos y concibe de forma integral y estructurada la protección de este grupo de la población. Sin embargo, las leyes generales, como la LGDNNA, suelen reparar a detalle en las atribuciones, funciones y obligaciones de las autoridades federales, en su caso estatales, pero en ocasiones parecen limitar la acción de los municipios, o la supeditan a las disposiciones de las entidades, a pesar de que el ámbito municipal es el más cercano a la gente; por tanto, las acciones y políticas públicas que pueden generarse y operarse parecen depender de la forma en que las leyes estatales interpretan la LGDNNA, quedando a expensas de la existencia o no de voluntades, compromiso, personal calificado, visión compartida, permanencia del personal capacitado, recursos disponibles y capacidades instaladas. Parece necesario repensar la LGDNNA, en el sentido de que, para lograr sus objetivos, debiera reforzar las facultades y atribuciones municipales, sentando bases operativas sólidas y objetivas para su cumplimiento, evitando términos que supediten la acción de los ayuntamientos a interpretaciones de las leyes estatales, así como a las vicisitudes políticas y administrativas que, además de volver heterogénea su aplicación en el país, en muchas ocasiones la complica
On december 4, 2014 it was published The Childhood Rights General Law (LGDNNA) in Mexico, that recognizes them as subjects of rights and conceive in an integral and structured way the protection of this population group. But nevertheless, general laws like the LGDNNA detail federal or state authorities attributions, functions and obligations but almost seems to limit municipalities actions, or subordinate it to the provisions of the entities, although municipalities is the level of government closest to the people. Thus public actions and politics they seem to depend on the way that state laws interpret LGDNNA, being at the expense of the existence or inexistence of wills, commitment, qualified personnel, available resources and installed capacities. It seems necessary rethink the LGDNNA, in the understanding that, to achieve its goals it should reinforce the faculties and municipal attributions, laying solid and objective operational bases for compliance, avoiding terms that make the municipal action subject to interpretations of state laws as well as the political and administrative vicissitudes that, in addition to making its application in the country heterogeneous, and in many cases complicate it
