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Adrielly Pinto Dos Reis, Bruna Magalhães Passamani
El objetivo de este artículo es analizar la legitimación del derecho penal económico en el ámbito de los delitos ambientales, dado que el medio ambiente es una de las condiciones para garantizar derechos colectivos y difusos. En este sesgo, el papel del Estado como cuerpo de leyes democrático es de suma importancia, lo que crea mecanismos para restringir más eficazmente a los delincuentes ambientales. En este sentido, cabe mencionar la Ley de Delitos Ambientales (Ley 9.605/98), que prevé sanciones penales y administrativas derivadas de conductas y actividades perjudiciales para el medio ambiente. Así, debido a la relevancia del bien protegido, así como a la gran cantidad de delitos ambientales cometidos por personas jurídicas, el legislador constitucional ha extendido la responsabilidad penal a las personas jurídicas. Así, el estudio propone reflexionar sobre los límites y el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto de derecho público como privado.
