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La autonomía tributaria es parte esencial del proceso de descentralización. Sin ella se diluye la responsabilidad política y se producen severas ineficiencias en el proceso de elección del nivel del gasto público y de la correspondiente carga tributaria. Las estimaciones de la OCDE sobre el grado de descentralización tributaria efectiva sitúan a España a la cabeza de la Unión Europea, aunque por detrás de Canadá, Suiza, EE.UU. y Australia. Sin embargo, quedan cuestiones y retos pendientes, que deberían abordarse en la futura revisión del sistema de financiación autonómica: la posibilidad de un tramo autonómico en algunos impuestos indirectos, la modificación del sistema de retenciones en el IRPF y de los pagos a cuenta a las comunidades autónomas, el establecimiento de un suelo en los impuestos sobre la riqueza, la implementación de nuevas figuras en la tributación ambiental o la participación de las regiones en la gestión de los tributos
