La regulación básica estatal en materia de transparencia adolece de un régimen sancionador que tipifique las infracciones y sanciones por los incumplimientos de sus determinaciones, lo que debilita la exigibilidad en su aplicación. Algunas legislaciones autonómicas sí han tipificado las infracciones remitiéndose respecto de las sanciones a la normativa reguladora del régimen disciplinario correspondiente. Sin embargo, la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid sí ha regulado de forma más completa y pormenorizada un régimen específico de infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas en la materia con el objetivo de garantizar su cumplimiento.