El surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (en adelante TICs) ha posibilitado que las TICs jueguen un papel determinante en la Administración Pública actual, dado que permiten el ejercicio eficaz, ágil y con transparencia de las potestades públicas, en su relación con los ciudadanos. Con la aplicación, tanto del Reglamento General de Protección de Datos (Reg. UE 2016/679) (en adelante RGPD), como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) se posibilita la implementación de uso de las TICs en todos los procedimientos administrativos. Analizamos brevemente algunas de las cuestiones prácticas y jurídicas que se derivan de esta implementación