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La destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016, y el espectacular proceso judicial y la encarcelación, en 2018, del candidato favorito para las elecciones presidenciales, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se basaron en un mismo motivo: la lucha contra la corrupción. Numerosos observadores aprobaron esta limpieza llevada a cabo en nombre de la justicia republicana. Pero, más tarde, se dieron cuenta de que se trataba de un golpe de Estado judicial que acabó beneficiando a la extrema derecha.
