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Las demandas relacionadas con la pobreza y la falta de trabajo, y la protesta social que se ha articulado en torno a éstas, no solamente representan un pedido de integración social al actual orden socioeconómico, sino que también esconden una polémica en torno a los significados que estructuran a un régimen democrático. En este sentido, la relación entre demandas sociales, organizaciones de desocupados y espacio político estatal puede ser el terreno de esta polémica. El artículo abordará esta relación desde dos dimensiones; por un lado, el despliegue público de los diferentes actores y, por el otro, las políticas públicas, en particular el Plan Jefes y Jefas de Hogar.
