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El Acuerdo de París supone un antes y un después en la manera de afrontar la lucha contra el cambio climático, ya que implica transformar las estrategias de crecimiento económico actuales, dependientes de combustibles fósiles, en estrategias de desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Para conseguir este cambio de paradigma es clave contar con una arquitectura financiera climática ágil y flexible. En ella, el papel del sector público es esencial no sólo como financiador, sino también como movilizador de la iniciativa privada y garante de unas políticas y regulaciones que permitan realizar una transición adecuada. El grado de involucración del sector privado en la consecución de los objetivos climáticos será determinante a la hora de conseguir su cumplimiento.
