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Jesús Ignacio Pascual Martín
El final de la XII legislatura ha impedido tramitar la Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, iniciativa que pretendía poner fin a la proliferación de las anulaciones de los planes de urbanismo. Pese a ello resulta preciso reflexionar sobre dos de sus aspectos fundamentales: la relectura de la naturaleza reglamentaria del planeamiento y la limitación del plazo para la recurrir de forma indirecta el mismo.
