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Francisco Lorenzo Hernández González 
El concepto de poder adjudicador sigue siendo una cuestión controvertida. De su correcta interpretación depende la aplicación de los procedimientos de contratación pública. En el presente trabajo se analizan los requisitos para calificar como poder adjudicador a las entidades del sector público no administración pública (entidades públicas empresariales y empresas públicas), de acuerdo con la normativa y jurisprudencia europea y la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
The concept of contractinq authority remains a controversial issue.
Proper implementation of public procurement procedures depends on how it is interpreted.
This article analyses the requirements for bodies governed by public law to qualify as a contracting authority under EU legislation and case law and the Spanish Public Procurement Law of 2017
