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Claudia Hernández López
La Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, impuso a los Estados la obligación de conseguir unos objetivos de eficiencia para el año 2020. Esta norma dejó a las autoridades nacionales la elección de los medios para hacerlo dentro de un conjunto de alternativas posibles. En este contexto, España creó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética para recaudar recursos, destinarlos a financiar las iniciativas de eficiencia energética del Estado y cumplir con los objetivos europeos.
Este trabajo analiza el Fondo como mecanismo único para mejorar la eficiencia energética a la luz de la STJUE, de 7 de agosto de 2018, asunto C-561/16, en la que algunos operadores del sector energético cuestionaron el modelo español por basarse exclusivamente en la recaudación de recursos económicos.
Directive 2012/27/EU on energy efficiency, imposed on States the obligation to achieve efficiency objectives for the year 2020. This norm gave the States several alternatives to achieve the objectives. In this context, Spain created the National Energy Efficiency Fund to collect resources, allocate them to finance the State’s energy efficiency initiatives and comply with European objectives.
This paper analyzes the Fund as a unique mechanism to improve energy efficiency in view of the judgment of the European Union Court of Justice of August 7, 2018, case C-561/16. In this case, some operators in the energy sector questioned the Spanish model because it was based exclusively on the obtaining of economic resources.
