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El Tribunal Constitucional en su sentencia 63/2019 de 9 de mayo, desestima el recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público por el que se dispone el régimen jurídico de las prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario porque considera que está dentro del ámbito del legislador democrático el decidir cómo debe prestarse y financiarse los servicios y que las tarifas por prestación de servicios no son estrictamente ingresos públicos.
