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Juan José Guardia Hernández 
El modelo constitucional educativo español actual cumplió treinta y tres años de vigencia en 2018. Uno de sus rasgos más destacables es la financiación estatal de los establecimientos docentes privados que reúnan las condiciones exigidas por la ley. El sostenimiento económico público de los centros privados constituye un ejemplo de un derecho constitucional de configuración legal. El legislador ha articulado este derecho a través de un sistema de conciertos educativos que suscita muchos interrogantes, sobre todo por su otorgamiento restrictivo, al estar supeditado a la planificación educativa estatal. En el fondo de la controversia constitucional subyace la calificación de la educación como un servicio público o como un servicio de interés público.
The current Spanish constitutional educational model is Thirty-three years old in 2018. One of its most outstanding features is the state funding of private educational establishments that meet the conditions required by Law. The public economic sustainability of private schools is an example of a legally-based constitutional right. The legislation articulates this right through a system of educational agreements that raises many questions, especially as regards its restrictive granting, being subject to State educational planning. At the bottom of the constitutional controversy lies the definition of education as a public service or a service of public interest.
