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Alba Nogueira López 
Desde el nacimiento del Derecho ambiental, el impacto que tiene en el desarrollo económico ha sido una constante. Los llamados “cambios de paradigma más relevantes” en la legislación y las políticas de la UE en los últimos tiempos devuelven ese debate. Por un lado, el ambicioso impulso de la liberalización y la simplificación administrativa, especialmente después de la aprobación de la “Directiva Bolkestein”; por otro lado, su compatibilidad con la novedosa Estrategia de Economía Circular (CE) que busca frenar el colapso ambiental. La Estrategia de Economía Circular tenía la intención de producir “un cambio sistémico completo ... no solo en tecnologías, sino también en organización, sociedad, métodos y políticas de financiamiento”.
La Economía Circula requiere una fuerte planificación y apoyo público. Una visión integral de la economía circular exige ir más allá de los residuos y el reciclaje y centrarse en el diseño, la producción y el consumo.
La dinámica de colaboración multinivel, público-privada y entre empresas, necesaria para la economía circular, puede chocar con elementos claramente prevalentes en el ordenamiento jurídico actual, ligadas al impulso de un mercado interior europeo, el derecho de la competencia o la unidad de mercado.
La necesidad de estudiar cómo encajar una formulación ambiciosa de la economía circular con reglas de mercado y económicas, poco favorables a matices ambientales o sociales, junto con el papel central que debe desempeñar la innovación, puede ofrecer un terreno favorable para la experimentación regulatoria. La legislación ambiental puede seguir actuando como un “laboratorio de pruebas” para los principios y técnicas legales, como lo hizo en el pasado.
