Existe una enorme controversia en un aspecto clave dentro del proceso de licitación como es la fórmula para la valoración de las ofertas económicas. El trabajo desarrolla un modelo que permite estandarizar el criterio ya que minimiza la incertidumbre actual en base a controlar los riesgos para licitar con seguridad jurídica (cumplir con garantías los principios de la normativa de contratación pública) y con eficiencia económica (favorecer una adecuada gestión de los fondos públicos), conjugando ambas cuestiones en cualquier circunstancia.