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Cristina Gallach
Con el desarrollo sostenible promovido por la Agenda 2030 como eje vertebrador, España apuesta por construir un Estado de bienestar socio-ecológico cada vez más fuerte e inclusivo.
La creación del Alto Comisionado para la Agenda 2030 por el presidente del gobierno de España en junio de 2018 ratificó el compromiso adquirido por el país cuando, el 25 de septiembre de 2015, los 193 países miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, España ha situado estos objetivos en el centro de su acción política, internamente y en su política exterior, como un compromiso de Estado que interpela y apoya a la sociedad en su conjunto, para legar un país mejor a las futuras generaciones, sin dejar a nadie atrás. La apuesta del gobierno está generando una movilización de la sociedad española, implicando a los diferentes sectores que conforman la sociedad civil, las administraciones del Estado, las empresas públicas y privadas. La actividad bajo el prisma de la Agenda 2030 es ya visible en las acciones del gobierno. Las políticas adoptadas los últimos meses abordan más que nunca el progreso social y económico del país y están centradas en el planeta y las personas. Esta forma de actuar de España, basando sus acciones en la Agenda 2030 como marco político general del cambio, ha hecho que el modelo español sea percibido en la Unión Europea como un modelo de liderazgo, seguido de cerca por los países del entorno.
Esta acción necesita promover alianzas, impulsadas desde el liderazgo y participadas por los ciudadanos, dirigidas a concretar un proyecto de país donde el desarrollo sostenible se sitúa como eje vertebrador. En definitiva, avanzar en la construcción de un Estado de bienestar socio-ecológico cada vez más fuerte e inclusivo, comprometiéndose con los ODS y la Agenda 2030.
De los ODM a los ODS Los trabajos de la elaboración de los Objetivos del Milenio (ODM) tuvieron lugar en un momento de relativa calma a nivel internacional, tras el fin de la guerra fría y de la guerra de los Balcanes y previo a los atentados del 11 de septiembre, que desembocaron en un cambio de escenario mundial con las sucesivas guerras en Afganistán e Irak, lideradas por Estados Unidos en coalición con otros países, así como el auge de otras potencias, China en particular. Se basaron, en parte, en la publicación en 1996 del documento “Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation”, del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Este documento fue el desencadenante de la necesidad de abordar la cooperación al desarrollo de una manera más global y transversal. Se necesitó una década de trabajo, debates y conferencias de naciones para marcar una serie de metas a nivel planetario, dirigidas en primer lugar al bienestar económico y la lucha contra la pobreza; en segundo, al desarrollo social (educación, mortalidad infantil, planificación familiar y progreso hacia la igualdad de género); y, tercero, a la regeneración y sostenibilidad del medio ambiente que afectaba al agua, los bosques, la biodiversidad, el clima y la capa de ozono.
Cuatro años más tarde, en septiembre de 2000, los jefes de Estado y de gobierno de los entonces 189 Estados miembros de Naciones Unidas acordaron la Declaración del Milenio, a iniciativa del entonces secretario general, Kofi Annan. Fue entonces cuando se conformó, por primera vez, una agenda internacional de los países del Norte para ayudar a los países del Sur, con la que hacer frente a los principales retos a los que se enfrentaban. Su vigencia se estableció hasta 2015.
En concreto, la Declaración fijaba ocho Objetivos del Milenio (ODM): reducir la pobreza extrema y el hambre a la mitad; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Los objetivos aprobados establecían un claro compromiso para mejorar la situación de los ciudadanos de los países firmantes antes de 2015.
