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Miguel Hernando de Larramendi Martínez 
, Laurence Thieux
Desde la dimisión de Buteflika, el poder no ha cedido en nada sustancial. La protesta popular continúa: pacífica, masiva, transversal y sostenida.
El 22 de febrero de 2019, fecha de inicio de un movimiento popular multitudinario contra la candidatura del presidente en funciones, Abdelaziz Buteflika, a un quinto mandato, marcará un hito en la historia política de Argelia. Ante el inmovilismo de un sistema político encarnado por un presidente postrado en una silla de ruedas desde 2013, el pueblo argelino se levantó de forma pacífica con la determinación de modificar en profundidad la gobernanza del país.
Durante los últimos 20 años, que se corresponden con los cuatro mandatos presidenciales de Buteflika, la vida política argelina estuvo secuestrada por clanes militares inmersos en una deriva de explotación de los recursos del Estado, concentrados principalmente en el sector de los hidrocarburos. Con el afán de consolidar un poder siempre condicionado por y dependiente del ejército, la presidencia de la República desplegó todo tipo de estrategias para neutralizar, cooptar o manipular a quienes pudieran hacerle sombra.
“Ya no queda nadie”, declaraba en 2015 el general retirado Hocine Benhadid tras la dimisión de Toufik (Mohamed Mediène), el todopoderoso jefe de los servicios de inteligencia argelinos (DRS). En una entrevista radiofónica, Benhadid, describía los entresijos de las luchas de poder que han caracterizado el sistema político argelino desde la llegada a la presidencia de Buteflika. Determinado a no ser una marioneta presidencial frente al ejército, no cejó en sus esfuerzos por afianzar la posición del clan presidencial en el complejo conglomerado de fuerzas que caracteriza el sistema político argelino. A pesar de sufrir un derrame cerebral en 2013, Buteflika se presentó y ganó las elecciones presidenciales de 2014 con un 81,5% del voto.
A partir de ese momento, las luchas para afianzar la posición del clan presidencial –liderado por el hermano del presidente, Saïd– se encarnizaron. El clan Buteflika consiguió neutralizar al jefe del DRS con la ayuda del Estado Mayor del ejército. El afianzamiento de la presidencia en el seno del sistema pretendía eliminar a los competidores, dividir al ejército y utilizar los trapos sucios (corrupción, crímenes cometidos durante la década negra) para manipular a sus figuras más influyentes. El nombramiento del general Gaid Salá en 2004 como jefe de Estado Mayor se inscribió en esta misma lógica: sustituir al general Lamari, una de las figuras centrales de los janviéristes (generales que apoyaron el golpe de Estado de 1992 y lideraron el país durante la guerra civil de aquella década negra). Salá era un general poco influyente y tenía a sus espaldas un dossier que podía ser utilizado en su contra, lo que a ojos de la presidencia garantizaba su docilidad.
En paralelo, el clan presidencial trató de diversificar sus alianzas con la emergente clase empresarial, que ha acumulado fortunas mediante las concesiones de contratos de obras públicas o gracias a las facilidades otorgadas para el despegue de sus proyectos. Para garantizar su continuidad, Buteflika consiguió incluso modificar en 2008 la Constitución y presentarse a un tercer mandato.
Con la caída de Toufik, el clan presidencial terminaba con el último de los janvièristes. Una vez desmantelados los servicios de inteligencia, quedaba el Estado Mayor, único obstáculo que aún podía frenar las ambiciones del clan presidencial para monopolizar su control sobre el sistema político.
El fin del clan Buteflika El alcance de las luchas internas dentro del complejo equilibrio de fuerzas conocido en Argelia como le pouvoir ha estado contenido por la necesidad de preservar la continuidad de su sistema político. No obstante, la decisión de mantener la candidatura de Buteflika durante un quinto mandato presidencial puso en cuestión este principio, provocando una movilización popular sin precedentes que está modificando radicalmente los equilibrios de poder. Salá forzó la dimisión de Buteflika el 2 de abril, invocando el artículo 102 de la Constitución y trazando una hoja de ruta para una transición tutelada por el ejército. El presidente del Senado, Abdelkader Bensalá, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, se convirtió en el nuevo presidente interino.
