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Jaime de Ojeda y Eiseley
Mientras los demócratas tratan en vano de cazar judicialmente a Trump, este disfruta con su nuevo juego favorito: las guerras comerciales.
Impresiona la exacerbada crispación que reina en todo el país, pero sobre todo en su capital, Washington DC. Los truenos que el presidente fulmina desde el Olimpo de la Casa Blanca son aplaudidos frenéticamente por sus partidarios y denunciados por los demócratas o los grupos de intereses comerciales, industriales o sociales a los que afecta. Para defenderse de las investigaciones sobre su conducta, el presidente ha iniciado una auténtica guerra con los demócratas, que dominan la Cámara de Representantes, y por ende con la autoridad constitucional del Congreso. Su matonismo aduanero contra China se extiende ahora también a México e India, y contra los europeos y otros países que quieren continuar el acuerdo nuclear con Irán. Continúa desregulando la banca y la Agencia de Protección del Medio Ambiente y sus normas sobre las emisiones de carbón y las explotaciones petroleras. Quiere que toda su administración termine con todo cuanto se acordó en París sobre el calentamiento de la atmósfera y su rechazo de lo que recomienda la ciencia se extiende ahora también al Ártico.
Todo el país, pero especialmente los demócratas, esperaba con ansiedad el informe del fiscal especial, Robert Mueller, sobre la connivencia de Donald Trump y su campaña con la injerencia de los servicios de inteligencia rusos en las elecciones de 2016 y la obstrucción a la justicia por parte del presidente. Sus 448 páginas no dejan lugar a dudas sobre ambas dimensiones: el volumen I llega a la conclusión de que esas injerencias fueron masivas y sistemáticas, hasta el punto de que 34 cómplices han sido enjuiciados por un gran jurado en EEUU, entre ellos 16 miembros de los servicios rusos de ciberespionaje, y una docena de miembros de la campaña electoral de Trump han sufrido severas condenas que purgan ahora en la cárcel.
El fiscal especial, sin embargo, explica que las sospechosas relaciones de la campaña electoral de Trump, aun no siendo éticas, no permiten alcanzar la conclusión de que se ha cometido un crimen. Los colaboradores del entonces candidato presidencial aceptaron gustosos las ventajas que les ofrecieron los rusos, pero no llegaron a colaborar de manera activa, aunque haya indicios de que lo hubieran deseado si se les hubiese dado la oportunidad de hacerlo. Lo que más impresiona del primer volumen del informe es la intensidad y extensión de la injerencia rusa por todos los medios de difusión en EEUU. No hay duda de que influyó en las elecciones de 2016, aunque nunca se conocerá con exactitud hasta qué punto las determinaron.
Lo que más impresiona del primer volumen del informe de Mueller es la intensidad y extensión de la injerencia rusa por todos los medios de difusión en EEUU En el volumen II del informe, Mueller se niega a concluir si Trump ha incurrido en obstrucción a la justicia. El informe detalla hasta 36 instancias de los nefandos esfuerzos del presidente por detener o descarrilar la investigación de que ha sido objeto, pero sin llegar a la conclusión que tantos deseaban y necesitaban. Esto permitió al fiscal general, William Barr, llenar el vacío con sus propias conclusiones que, hábilmente redactadas, aseguran que el presidente ni es culpable de connivencia con los rusos, ni ha incurrido en una auténtica obstrucción a la justicia. Mueller ha rechazado tal conclusión en una carta dirigida al procurador general que, sin embargo, no ha sido publicada. En su única y muy sonada conferencia de prensa, el 29 de mayo, afirmó que si su equipo hubiese concluido que el presidente había cometido un crimen lo habrían afirmado sin ambages, pero que, sin embargo, tampoco podían exonerarlo. La conclusión es evidente para cualquiera que utilice un silogismo lógico, pero no es tan patente en esos términos. El fiscal especial no ha querido explicitar su conclusión, arguyendo que la estricta separación de poderes de la Constitución no permite enjuiciar al ejecutivo durante su mandato. Pero como ha señalado el procurador general en su propio descargo, aunque el informe especial no hubiese dado pie para el enjuiciamiento del presidente, su autor habría podido al menos emitir una conclusión de su exhaustiva investigación (casi dos años y 36 millones de dólares), como ha sucedido en todas las anteriores investigaciones de fiscales especiales
