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El Estado mantiene su seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, institución que vela por la protección de la ciudadanía. Para ello, cualquier normativa de orden público y seguridad ciudadana ha de recoger infracciones relativas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y así lo hizo, en 2015, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pero el aumento de este tipo de infracciones relacionadas con las fuerzas de seguridad nos puede hacer pensar si alguna de ellas podría sobrepasar los límites de los principios básicos sancionadores y si podría haber una injerencia desproporcionada de los poderes públicos en nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Un régimen de infracciones y sanciones que podría no ser acorde con la jurisprudencia y doctrina del TC y del TEDH y que podría dar lugar a situaciones desproporcionadas de arbitrariedad.
In Spain, the security forces (FyCS) are charged with the tasks of ensuring security and protecting public safety. To achieve this, any public order or safety regulation must provide for violations upon which the security forces are to act, and Organic Law 4/2015, of 30 March, on the protection of public safety, did just that. However, an increase in sanctions for this type of violation involving the FyCS leads us to wonder whether violations such as these exceed the limits of basic sanctioning principles and whether public powers may be disproportionately interfering in our most basic rights, thereby limiting our fundamental rights and public freedoms. This would potentially constitute a regime of violations and sanctions that does not fall within the doctrines proposed by the Spanish Constitutional Court and the European Court of Human Rights and which could cause situations of disproportionate arbitrariness
