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Uno de los dilemas centrales en la jurisprudencia de América Latina es la falta de operatividad de los derechos sociales. La jurisprudencia de la región suele manejarse con distintos eufemismos a la hora de reconocer, por un lado, la “validez“ formal y supuesta de tales derechos , negando, sin embargo, su “operatividad“ práctica y plena, por falta de recursos. Pero derechos que no pueden ser ejercidos en la práctica, no pueden ser calificados como “derechos“ por la doctrina. Son promesas, ilusiones, privilegios para quienes disponen de los recursos privados para sostener esas necesidades, pero no derechos. Un derecho que se “tiene“ pero que no puede ser ejercido, no es un derecho.
