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La desvinculación del Estado francés en las zonas rurales y la desviación de sus instrumentos de regulación se manifiestan a través de la inflación de los precios de las tierras cultivables. Al abandonar solo en manos del mercado este recurso limitado y no reproducible, los poderes públicos obstaculizan la instalación de jóvenes agricultores y debilitan la profesión agrícola, a la que le cuesta asegurar su renovación generacional.
