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Las Directivas sobre la ordenación del tiempo de trabajo y la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, según la interpretación de esa normativa adoptada por la jurisprudencia nacional, no impone a los empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador
