Acceso usuarios
Jesús Baz Rodríguez
La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales ha venido a formular, en el marco de su Título X, una regulación embrionaria de las garantías digitales de los trabajadores, a partir del mandato del RGPD de adaptar la normativa general de protección de datos al entorno laboral. Pese a su regulación minimalista, se erige, no obstante a la normativa de protección de datos en su conjunto en referencia ineludible de gran relevancia en punto al establecimiento de límites al ejercicio de los poderes empresariales de supervisión laboral. Partiendo de dicha premisa, se regulan algunos de los escenarios social y jurisprudencialmente típicos en los que dicho ejercicio conlleva tratamientos de datos personales de los trabajadores, otorgándose a éstos derechos de privacidad en relación con el uso de dispositivos digitales, la videovigilancia y captación de sonidos y la geolocalización. Derechos cuyo alcance y efectividad ha de construirse no sólo a partir de su lacónica formulación legal, sino desde un enfoque sistemático. El estudio concluye con unas breves consideraciones sobre el derecho a la desconexión digital reconocido a título programático en la ley.
The Spanish Data Protection Act (LO 3/2018) has recently formulated an embryonic regulation about digital rights for workers, implementing the mandatory previsions contained in the European GDPR in order to adapt that holistic legal frame of data protection to the particular context of labour relations. Even though its limitations, the new regulation points out to the whole legal system on Data Protection as an inescapable reference in order to build a complex set of limitations that should be respected by employers in the exercise of their labour managing and monitoring powers; particularly related to situations like the workers’ use of digital devices at the workplace, videosurveillance, sound recording or locational surveillance. The paper also deals with the right of labor disconnection, only protected for the moment by means of a rather programmatic legal recognition.
