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José Luis Villar Ezcurra 
Se ha venido dando el mismo tratamiento a las reclamaciones de daños por suspensión del contrato que a las derivadas del «alargamiento» de su duración por decisión y causas imputables a la Administración contratante. Los Tribunales han venido admitiendo que la previsión indemnizatoria se aplique, también, a los casos de «alargamiento» del contrato acordado por la Administración contratante. Pero el problema surge en el momento de evaluar la extensión de los daños que pueden integrar la indemnización procedente, y en concreto a la hora de efectuar el cómputo de los denominados «gastos generales», cuyo concepto nunca ha llegado a estar definido normativamente. Parecía que la indemnización del 3 % que establecía el artículo 208 LCSP vendría a sustituir al concepto de Gasto General, pero no ha sido así.
