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Almería, España
El proceso de promoción y fomento de la inversión en energías renovables en España ha dejado a su paso una avalancha de demandas de arbitraje de inversiones provocadas por la frustración de las expectativas de los inversores debido a las sucesivas reformas del régimen retributivo extremadamente generoso que ha atraído un gran volumen de inversión extranjera. El presente trabajo pretende reflexionar sobre el futuro de estos controvertidos arbitrajes de inversiones a la luz del reciente pronunciamiento del TJUE en el asunto Achmea. El Tribunal determina la incompatibilidad del mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado previsto por el Tratado Bilateral de Inversiones entre Países Bajos y Eslovaquia con el principio de autonomía del Derecho de la Unión Europea. Partiendo de esta premisa, este análisis aspira a determinar si los arbitrajes de inversiones a los que se enfrenta España se pueden paralizar sobre la base de la jurisprudencia definida en el asunto Achmea, dado que constituyen mecanismos de solución de diferencias inversor-Estado similares a los establecidos por el Tratado sobre la Carta de la Energía.
The promotion and development of investment in renewable energy in Spain have caused numerous investment arbitration demands induced by the frustration of investors’ expectations due to the reshaping of the extremely generous remuneration regime that has attracted a large volume of foreign investment. The purpose of this contribution is to think over the future of this controversial investment arbitration in the light of the recent CJEU ruling in the Slovak Republic v. Achmea case. In this matter, the Court determines the incompatibility of investor-State dispute settlement mechanism established by the Netherlands-Slovakia Bilateral Investment Treaty with the principle of autonomy of European Union law. Based on this premise, this analysis pretends to determine whether the investment arbitration faced by Spain could be terminated given the jurisprudence settled in the Achmea case, as they constitute similar investor-State dispute settlement mechanisms, with the only difference that they are based on the Energy Charter Treaty.
