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Bilbao, España
En virtud del Pacto Mundial sobre Refugiados, aprobado el 17 de diciembre de 2018, los Estados firmantes asumen el compromiso de abordar “las causas profundas de los desplazamientos forzados”. Ahora bien, este término es política y jurídicamente impreciso. Únicamente si se le dota de un contenido real podremos afirmar que más allá de la mera retórica, nos hallamos ante un reto terminológico y sustantivo. El artículo parte de la premisa de que una de las causas profundas de los desplazamientos forzados es el conflicto armado. Por tanto, abordar dichas causas requiere que los Estados examinen las raíces de los conflictos y los modos de prevenirlos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre en la práctica. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en el marco de la guerra siria apenas se refieren al impacto del conflicto en el desplazamiento de la población. El estudio analiza críticamente esta omisión, así como la consideración de la evacuación forzada como crimen de guerra, fundada sobre una débil base jurídica por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos.
According to the Global Compact on Refugees, adopted on the 17th December 2018, the signatory States assume the commitment to tackle “the root causes of forced displacements”. However, this term is politically and legally imprecise. Only if it is provided with a real content, will we be able to affirm that beyond mere rhetoric, we find ourselves facing a terminological and substantive challenge. The article is based on the premise that one of the root causes of forced displacements is armed conflict. Therefore, to tackle the root causes requires that States examine the origins of conflicts and ways to prevent them. Nevertheless, this is not what happens in practice. The Security Council resolutions adopted in the framework of the Syrian armed conflict hardly refer to the impact of the conflict on the displacement of the population. This study critically analyses this omission, as well as the consideration of forced evacuation as a war crime, founded on a weak legal basis by the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, named by the Human Rights Council.
