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Beatriz Vázquez Rodríguez 
El pasado mes de diciembre, nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 140/2018 desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la LO 1/2014 que da nueva regulación a la competencia de la jurisdicción española para la represión penal extraterritorial de ciertos delitos. Como el propio tribunal reconoció en su fallo, era la primera ocasión en que fue requerido para manifestarse sobre la existencia o inexistencia de un modelo constitucional de extensión extraterritorial de la jurisdicción penal española. Así, resulta indiscutible la relevancia de este pronunciamiento que arroja luz sobre el modelo vigente de jurisdicción universal en España; no obstante, esta sentencia no está exenta de polémica y desde luego plantea dificultades con respecto al compromiso de España en la lucha contra la impunidad ante violaciones graves de derechos humanos.
Last December, our Constitutional Court in its judgment 140/2018 dismissed the unconstitutionality appeal against the LO 1/2014 that gives new regulation to the jurisdiction of the Spanish jurisdiction for the extraterritorial criminal repression of certain crimes. As the court itself acknowledged in its ruling, it was the first time it was required to demonstrate the existence or nonexistence of a constitutional model of extraterritorial extension of the Spanish criminal jurisdiction. Thus, the relevance of this pronouncement that sheds light on the current model of universal jurisdiction in Spain is indisputable, however, this ruling is not without controversy and certainly poses difficulties with respect to the commitment of Spain in the fight against impunity before serious violations of human rights.
