Paulatinamente, el Tribunal Constitucional —TCo— va escrutando la constitucionalidad de aspectos específicos que se regulan en las leyes procesales a partir de las reformas emprendidas por nuestro legislador en 2003, encaminadas a la organización de una novísima Oficina judicial. Se analiza aquí la reciente STCo 34/2019, de 14 de marzo, que aborda un supuesto concreto en la Ley de Enjuiciamiento Civil ligado a esa problemática general apuntada.