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Hemos entendido necesario reflexionar sobre la utilización de la contratación pública para lograr fines distintos de los inicialmente previstos o el encarecimiento del precio del objeto del contrato como consecuencia de la obligatoriedad de la inclusión de las cláusulas ambientales y sociales. Ambas son cuestiones que es inevitable abordar a la luz del nuevo texto dela Ley de Contratos del Sector Público, sin perder de vista la disyuntiva acerca del posible incumplimiento del principio de eficiencia que debe revestir la actividad contractual de toda Administración.
