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Santiago Navarro de la Fuente
Tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la Iglesia debió asumir el fracaso de su intento de reformar la Constitución española y aquellas leyes que le resultaban más perjudiciales. Se materializaron entonces nuevos retos y peligros que amenazaban su posición. Nuestro análisis pretende abarcar el modo en que la Santa Sede trató de posicionar a la Iglesia en la España de aquella nueva etapa. Para ello hemos usado las fuentes archivísticas vaticanas y el fondo de la Embajada española ante la Santa Sede con el propósito de estudiar detenidamente los meses que mediaron entre las elecciones de febrero y el golpe militar de julio de 1936. Su análisis nos ha revelado una posición lo suficientemente ponderada del Gobierno central de la Iglesia respecto de las grandes cuestiones que se planteaban en el país en aquellos meses que contrasta con algunas interpretaciones tradicionales. Junto a las protestas por los ataques sufridos y los deseos de modificación de las normas que le resultaban más hostiles, la Santa Sede intentó acercar posturas en materia social con los elementos más moderados de la izquierda rehusando de la actitud de la CEDA en este aspecto. La defensa de sus intereses también la hizo apelar a los derechos que le reconocía la legislación, en un primer gesto de adaptación a los procedimientos democráticos.
After the victory of the Popular Front in February 1936, the Church needed to accept its failure to get the Spanish Constitution and all harmful laws amended. A new threatening period of time full of risk had risen. This paper analyzes how the Holy See managed the position of the Church in Spain during that period. The study of the diplomatic documents between Spain and the Holy See revealed a balanced position of the central government of the Church about the main issues debated in Spain, which may differ from some traditional beliefs. Beside protesting the attacks received and claiming the amendment of those hostile laws, the Holy See wanted to get closer to the moderate left in social politics, rejecting the CEDA position in this sense. In search of guarding its interest, the Church was claiming their legitimate rights and this would be an evidence of its adaptation to the democratic procedures.
